- Importantes operaciones como la Ciudad de la Justicia, la ciudad deportiva del Real Madrid, la ampliación de IFEMA, Valdebebas, Campamento, etc., quedan afectadas.
- 130.000 viviendas previstas, quedan en situación ilegal.
Con un año justo de retraso, el pasado 3 de julio el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado las sentencias 216 de 27 de febrero de 2003 de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Superior de Justicia de Madrid, y la del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2007, que anulaban 22 desarrollos del PGOUM-97.
Textualmente, la sentencia del TSJM de 2003, confirmada por la del TS de 2007, decía: “Que estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Juan A. Barranco Gallardo contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, de 17 de abril de 1997, por la que se hicieron públicos los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid relativos a la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que anulamos en aquellas determinaciones, que suponen la desclasificación de terrenos clasificados en el Plan General de 1985 como Suelo No Urbanizable de Especial Protección” en 22 ámbitos de desarrollo urbanístico.
La sentencia implica que vuelva a regir en los ámbitos afectados el Plan General de 1985, recuperando los suelos, incorrectamente desprotegidos, su calificación de suelo no urbanizable de protección especial.
La publicación de estas sentencias, que la Administración ha retrasado de manera injustificada, les da el carácter de generalidad aplicables a todos, dejando sin efecto, de hecho, todas las disposiciones emanadas de la norma anulada, ya que los intentos de subsanación realizados por Ayuntamiento y Comunidad han sido rechazados expresamente por el Auto dictado el 31 de enero de 2008, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las instituciones madrileñas deben cumplir la ley y las sentencias judiciales.
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid deben dar solución a la situación en la que quedan los miles de personas que desde 1998 han estado aportando cantidades para la adquisición de viviendas en los desarrollos del Sureste afectados por la anulación, Berrocales, Ahijones y Los Cerros, y que ahora, después de diez años de continuos retrasos en los plazos de entrega de sus viviendas, no podrán ser construidas.
Operaciones pendientes como la Ciudad Deportiva o Campamento, a la que se refería el alcalde hace pocos días, también se verán afectadas, debiéndose realizar una nueva planificación que respete los suelos especialmente protegidos.
Al Ayuntamiento de Madrid no le queda otra opción que cumplir la sentencia, ordenando la paralización de todos los trabajos de urbanización que se estén acometiendo en la actualidad, así como la restitución, a su anterior estado, de todas las actuaciones urbanísticas acometidas en los desarrollos anulados.
En caso de que el Ayuntamiento de Madrid continúe incumpliendo las sentencias de manera irresponsable, la Comunidad de Madrid debería estudiar la posible asunción de las competencias urbanísticas del municipio de Madrid, ya que su actuación está teniendo consecuencias muy graves para los intereses de miles de vecinos afectados, tal como ya ha sido planteado para el Municipio de Brunete.
Madrid, 7 de julio de 2008
Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje
jueves, 10 de julio de 2008
miércoles, 30 de abril de 2008
El Ayuntamiento de Madrid actúa en Urbanismo en función de la capacidad económica del afectado
El AYUNTAMIENTO DE MADRID DEJA EN LA CALLE A LOS VECINOS DE LA CAÑADA, MIENTRAS PERMITE CONSTRUIR ILEGALMENTE A GRANDES EMPRESAS
Mañana martes, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid colocarán la primera piedra de la “Ciudad de la Justicia”, actuación que podría vulnerar la legalidad urbanística.
El pasado 22 de abril el Ayuntamiento de Madrid, haciendo uso de un espectacular despliegue policial, comenzaba un proceso de derribo de varias viviendas en la Cañada Real por tratarse de construcciones levantadas en terrenos no urbanizables. Ya en el mes de octubre del pasado año se llevaron a cabo las primeras demoliciones de viviendas en la Cañada, también con un fuerte despliegue policial que tuvo como consecuencia, además del derribo de viviendas, la detención de varios vecinos.
Lindando con la Cañada existen varios desarrollos urbanísticos, algunos de ellos en ejecución en la actualidad; Los Ahijones (UZP 2.03), Los Berrocales (UZP 2.04) y El Cañaveral (UZP 2.01), y otro previsto, Los Cerros (UZP 2.02). La presencia de infraviviendas en el entorno de dichos desarrollos depreciaría las viviendas que se espera construir en ellos, por lo que esta parece ser la verdadera razón que está detrás de las prisas del consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallardón en desalojar de sus viviendas a los vecinos de la Cañada, después de haber tolerado esta situación durante treinta años.
El hostigamiento a los residentes de la Cañada, bajo el pretexto de encontrarse en suelo no urbanizable protegido, contrasta con la permisividad del Ayuntamiento de Madrid a obras y construcciones que se ejecutan en la actualidad sobre suelo igualmente no urbanizable protegido, lo que las convierte en ilegales.
El 27 de febrero de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló 22 ámbitos urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 por considerar ilegal la desclasificación de terrenos que habían sido declarados protegidos en el PGOUM 85. Esta anulación fue ratificada por el Tribunal Supremo, mediante Sentencia dictada el 3 de julio de 2007, por lo que, a partir de entonces, toda obra que se lleve a cabo en dichos ámbitos, en aplicación del PGOUM 97 anulado, se encuentra completamente fuera de la legalidad.
Entre los ámbitos anulados están, precisamente, los citados de Los Ahijones y Los Berrocales, a pesar de lo cual las obras de urbanización de dichos desarrollos no sólo no han sido paralizadas, sino que parecen haberse acelerado en los últimos meses. De la misma forma han quedado anulados ámbitos como “Campamento”, “Sistema Aeroportuario de Barajas” (en el que se ha levantado la Terminal 4 de Barajas) o “Parque de Valdebebas” (en el que el Ayuntamiento ha permitido que se levante la Ciudad Deportiva del Real Madrid a través de una operación de recalificación e intercambio de terrenos que dio lugar además al proyecto de las Cuatro Torres). Precisamente es en estos terrenos en los que
la Comunidad de Madrid pretende construir la “Ciudad de la Justicia”, operación que podría resultar igualmente ilegal.
La saña con la que se está empleando el Ayuntamiento en las últimas fechas para, supuestamente, hacer cumplir la legalidad urbanística en la Cañada Real, y que está dejando en la calle a familias sin recursos, contrasta con el trato que el equipo de Ruiz-Gallardón da a las grandes constructoras o a la propia Administración, a las que concede licencias que infringen la legalidad urbanística.
Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y grandes constructoras pretenden eludir la legalidad urbanística, por lo que corresponde a la Justicia velar por su cumplimiento, paralizando las obras, ordenando la demolición de lo construido y determinando si se derivan responsabilidades penales de sus actuaciones.
Madrid, 28 de abril de 2008
Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS)
Mañana martes, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid colocarán la primera piedra de la “Ciudad de la Justicia”, actuación que podría vulnerar la legalidad urbanística.
El pasado 22 de abril el Ayuntamiento de Madrid, haciendo uso de un espectacular despliegue policial, comenzaba un proceso de derribo de varias viviendas en la Cañada Real por tratarse de construcciones levantadas en terrenos no urbanizables. Ya en el mes de octubre del pasado año se llevaron a cabo las primeras demoliciones de viviendas en la Cañada, también con un fuerte despliegue policial que tuvo como consecuencia, además del derribo de viviendas, la detención de varios vecinos.
Lindando con la Cañada existen varios desarrollos urbanísticos, algunos de ellos en ejecución en la actualidad; Los Ahijones (UZP 2.03), Los Berrocales (UZP 2.04) y El Cañaveral (UZP 2.01), y otro previsto, Los Cerros (UZP 2.02). La presencia de infraviviendas en el entorno de dichos desarrollos depreciaría las viviendas que se espera construir en ellos, por lo que esta parece ser la verdadera razón que está detrás de las prisas del consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallardón en desalojar de sus viviendas a los vecinos de la Cañada, después de haber tolerado esta situación durante treinta años.
El hostigamiento a los residentes de la Cañada, bajo el pretexto de encontrarse en suelo no urbanizable protegido, contrasta con la permisividad del Ayuntamiento de Madrid a obras y construcciones que se ejecutan en la actualidad sobre suelo igualmente no urbanizable protegido, lo que las convierte en ilegales.
El 27 de febrero de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló 22 ámbitos urbanísticos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 por considerar ilegal la desclasificación de terrenos que habían sido declarados protegidos en el PGOUM 85. Esta anulación fue ratificada por el Tribunal Supremo, mediante Sentencia dictada el 3 de julio de 2007, por lo que, a partir de entonces, toda obra que se lleve a cabo en dichos ámbitos, en aplicación del PGOUM 97 anulado, se encuentra completamente fuera de la legalidad.
Entre los ámbitos anulados están, precisamente, los citados de Los Ahijones y Los Berrocales, a pesar de lo cual las obras de urbanización de dichos desarrollos no sólo no han sido paralizadas, sino que parecen haberse acelerado en los últimos meses. De la misma forma han quedado anulados ámbitos como “Campamento”, “Sistema Aeroportuario de Barajas” (en el que se ha levantado la Terminal 4 de Barajas) o “Parque de Valdebebas” (en el que el Ayuntamiento ha permitido que se levante la Ciudad Deportiva del Real Madrid a través de una operación de recalificación e intercambio de terrenos que dio lugar además al proyecto de las Cuatro Torres). Precisamente es en estos terrenos en los que
la Comunidad de Madrid pretende construir la “Ciudad de la Justicia”, operación que podría resultar igualmente ilegal.
La saña con la que se está empleando el Ayuntamiento en las últimas fechas para, supuestamente, hacer cumplir la legalidad urbanística en la Cañada Real, y que está dejando en la calle a familias sin recursos, contrasta con el trato que el equipo de Ruiz-Gallardón da a las grandes constructoras o a la propia Administración, a las que concede licencias que infringen la legalidad urbanística.
Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y grandes constructoras pretenden eludir la legalidad urbanística, por lo que corresponde a la Justicia velar por su cumplimiento, paralizando las obras, ordenando la demolición de lo construido y determinando si se derivan responsabilidades penales de sus actuaciones.
Madrid, 28 de abril de 2008
Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS)
Madrid, ilegales sin saberlo
Decenas de miles de madrileños han estado aspirando a una casa ilegal sin tener la menor idea. 22 de los nuevos ámbitos proyectados por el ayuntamiento de Madrid son ilegales por obra y gracia del propio consistorio y del gobierno regional. Lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia firme emitida en julio del año pasado.
La resolución afecta a unas 130 mil viviendas de futuros PAUS, de nombres tan conocidos en la capital como el Parque de Valdebebas, Arroyo del Fresno o Los Berrocales. En algunos ya se han iniciado las obras de urbanización, en otros todavía no se ha hecho nada. Pero también quedan dentro de la ilegalidad proyectos tan emblemáticos ya ejecutados como la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la Terminal 4 de Barajas.
"Para encontrar la causa de tan estrafalaria situación hay que remontarse a 1997", explica Jaime Doreste, coordinador del servicio jurídico de Ecologistas en Acción. "Aquel año, el equipo de gobierno del entonces alcalde, el popular Álvarez del Manzano, declara urbanizable hasta el último rincón del municipio capitalino, a pesar de que una parte de los terrenos no podían serlo por contar con una protección especial, bien por sus valores ambientales, históricos, culturales o agrícolas. Eso no fue obstáculo para la corporación, que remozó el PGOU y recalificó 34 millones de m2 protegidos".
Leer más:
PUBLICO
La resolución afecta a unas 130 mil viviendas de futuros PAUS, de nombres tan conocidos en la capital como el Parque de Valdebebas, Arroyo del Fresno o Los Berrocales. En algunos ya se han iniciado las obras de urbanización, en otros todavía no se ha hecho nada. Pero también quedan dentro de la ilegalidad proyectos tan emblemáticos ya ejecutados como la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la Terminal 4 de Barajas.
"Para encontrar la causa de tan estrafalaria situación hay que remontarse a 1997", explica Jaime Doreste, coordinador del servicio jurídico de Ecologistas en Acción. "Aquel año, el equipo de gobierno del entonces alcalde, el popular Álvarez del Manzano, declara urbanizable hasta el último rincón del municipio capitalino, a pesar de que una parte de los terrenos no podían serlo por contar con una protección especial, bien por sus valores ambientales, históricos, culturales o agrícolas. Eso no fue obstáculo para la corporación, que remozó el PGOU y recalificó 34 millones de m2 protegidos".
Leer más:
PUBLICO
Viviendas sentenciadas
- 135.000 futuros pisos de Madrid, en terrenos protegidos
- La justicia los declaró irregulares, pero el Ayuntamiento cuenta con el visto bueno de la Comunidad
Raúl Rejón Madrid 31/03/2008
135.000 futuras viviendas con una sentencia en contra. La justicia madrileña considera que los 22 terrenos de la capital en los que van a levantarse esas casas no fueron correctamente declarados urbanizables, ya que contaban con protección medio ambiental.
Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del pasado 31 de enero recuerda que el Ayuntamiento de Madrid no ha ejecutado la sentencia que declaró en julio de 2007 que allí no se podía construir.
Sin embargo, el Ayuntamiento insiste en que los desarrollos urbanísticos afectados -Valdecarros, Campamento, Valdegrulla, Barajas, Valdebebas, Arroyo del Fresno, La Dehesa, Los Berrocales, Los Ahijones, Manzanares Norte, Solana de Valdebebas, Los Cerros, Ensanche de San Fernando, de Coslada, La Atayuela y Fuentefría Norte"no tienen ningún problema".
Leer más
ADN
- La justicia los declaró irregulares, pero el Ayuntamiento cuenta con el visto bueno de la Comunidad
Raúl Rejón Madrid 31/03/2008
135.000 futuras viviendas con una sentencia en contra. La justicia madrileña considera que los 22 terrenos de la capital en los que van a levantarse esas casas no fueron correctamente declarados urbanizables, ya que contaban con protección medio ambiental.
Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del pasado 31 de enero recuerda que el Ayuntamiento de Madrid no ha ejecutado la sentencia que declaró en julio de 2007 que allí no se podía construir.
Sin embargo, el Ayuntamiento insiste en que los desarrollos urbanísticos afectados -Valdecarros, Campamento, Valdegrulla, Barajas, Valdebebas, Arroyo del Fresno, La Dehesa, Los Berrocales, Los Ahijones, Manzanares Norte, Solana de Valdebebas, Los Cerros, Ensanche de San Fernando, de Coslada, La Atayuela y Fuentefría Norte"no tienen ningún problema".
Leer más
ADN
lunes, 3 de marzo de 2008
La Justicia pone freno al urbanismo salvaje de Madrid
· Veintidós desarrollos urbanísticos, importantes infraestructuras y 130.000 viviendas quedan fuera de la legalidad y debe paralizarse su construcción.
· Queda desautorizada la maniobra del Ayuntamiento para sortear el cumplimiento de la legislación urbanística y resoluciones judiciales.
· Ruiz Gallardón, como anterior presidente de la Comunidad y actual alcalde de la capital, es doblemente responsable de la grave situación generada.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de noviembre de 2007, ratificado por la Comunidad de Madrid el pasado 24 de enero. Con este acuerdo el Ayuntamiento pretendía subsanar los defectos en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 que afectaban a veintidós nuevos ámbitos urbanísticos. Dichos desarrollos fueron anulados por dos sentencias, la primera del Tribunal Superrío de Justicia de Madrid de fecha 27 de febrero de 2003, y la segunda del Tribunal Supremo dictada el día 3 de julio de 2007. Entre los ámbitos anulados se encuentran varios de los desarrollos del Sureste, Valdebebas, Campamento, Arroyo Fresno y Valdecarros, entre otros, y en total engloban más 130.000 viviendas que ya no podrán ser construidas.
Antecedentes
En el año 1997 Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, por entonces presididos por Alvarez del Manzano y Ruiz Gallardón respectivamente, aprobaron una revisión del Plan General de Madrid por la que se recalificaba a urbanizable la práctica totalidad del suelo no urbanizable que quedaba dentro del término municipal, permitiendo la construcción de 190.000 nuevas viviendas que vendrían a destruir la corona verde de Madrid prevista en anteriores plantes generales. La recalificación afectaba además a la mayor parte del suelo que había sido declarado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el anterior Plan General de 1985.
El anterior Alcalde de la ciudad, Juan Barranco, impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la revisión del Plan General alegando, entre otros motivos, que el Ayuntamiento no había justificado que hubiesen desaparecido las circunstancias determinantes de la protección de suelo operada por el anterior Plan General, tal y como exige la legislación urbanística.
Anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
En 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en contra del Ayuntamiento en este punto. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia concluye afirmando que “lo más relevante, es que el informe de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de 4.4.1997 formula objeciones y oposiciones rotundas a dicha desclasificación, bien porque en algunos casos se infringían determinadas Leyes especiales, bien porque en otros los terrenos presentaban valores acreedores de ser preservados”.
La presentación de recurso de casación ante el Supremo por parte de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid impidió que la sentencia cobrara firmeza, permitiendo a las citadas Administraciones continuar aprobando actos de planeamiento en los ámbitos afectados, (planes parciales, proyectos de urbanización, etc) y licencias de urbanización y construcción que devienen ilegales tras la publicación de la sentencia del Supremo, contra la que no cabe más recurso.
Anulación por el Tribunal Supremo
Con fecha 3 de julio de 2007 el Tribunal Supremo dictó sentencia resolviendo el recurso planteado por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, confirmando la anulación de veintidós ámbitos urbanísticos. En dicha sentencia se dejó fuera de la anulación los PAUS de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas debido a que la recalificación de suelo se había producido en una modificación anterior del Plan General y que por lo tanto debió haberse impugnado en aquel momento.
Maniobras dilatorias de las instituciones madrileñas
En lugar de cumplir la sentencia anulatoria, el Ayuntamiento de Madrid ha pretendido subsanar supuestas deficiencias con la aprobación de un Acuerdo, de fecha 28 de noviembre de 2007, ratificado por la Comunidad de Madrid el 24 de enero pasado, dejando transcurrir más de medio en los que se han continuado ejecutando en varios ámbitos proyectos anulados como consecuencia de las sentencias, consintiendo el incumplimiento de la sentencia durante este periodo y demorando la adopción de soluciones a la grave situación provocada.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone las cosas en su sitio
Sin embargo, como ya avanzábamos en un comunicado el 21 de noviembre de 2007, la estrategia del Ayuntamiento no sería admitida por los Tribunales. Y en este sentido el Auto dictado el día 31 de enero de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid “declara no haber lugar a considerar actos de ejecución de sentencia las actuaciones administrativas a las que se refieren el escrito, informes y resoluciones aportadas a los autos por el Ayuntamiento de Madrid”. El Auto se refiere al Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de noviembre de 2007.
El Auto, que supone el tercer revés judicial que recibe el Ayuntamiento en el procedimiento, le recuerda al Ayuntamiento la obligación de publicar la sentencia en el boletín oficial.
La sentencia implica que vuelva a regir en los ámbitos afectados el Plan General de 1985, recuperando los suelos, incorrectamente desprotegidos, su calificación de suelo no urbanizable de protección especial. La anulación de la clasificación de los terrenos incluidos en tales ámbitos, según el propio informe que acompaña al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento al que nos venimos refiriendo, “arrastra la invalidez a los planes e instrumentos de ejecución en su totalidad, de manera que han perdido toda su eficacia y posibilidad de aplicación”.
Las instituciones madrileñas deben cumplir la ley y las sentencias judiciales
Al Ayuntamiento de Madrid no le queda otra opción que cumplir la sentencia, publicándola en el boletín oficial y ordenando la paralización de todos los trabajos de urbanización que se estén acometiendo en la actualidad, así como la restitución a su anterior estado de todas las actuaciones urbanísticas acometidas en los desarrollos anulados, como por ejemplo las obras de urbanización en los desarrollos de Ahijones o Berrocales, la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, o la terminal T-4 de Barajas. Otra actuación urbanística de gran envergadura que se verá afectada y no podrá llevarse a cabo es la Ciudad de la Justicia.
Importantes consecuencias
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid deben dar solución a la situación en la que quedan los miles de personas que desde 1998 han estado aportando cantidades para la adquisición de viviendas en los desarrollos del Sureste afectados por la anulación, Berrocales, Ahijones y Los Cerros, y que ahora, después de diez años de continuos retrasos en los plazos de entrega de sus viviendas, no podrán ser construidas.
Las Sentencias de Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Supremo ponen fin al modelo de desarrollo urbanístico impuesto por el Partido Popular en Madrid basado en un crecimiento urbano salvaje, que no tiene en cuenta a los ciudadanos, y cuyo verdadero objetivo era fomentar la especulación inmobiliaria a costa incluso de destruir zonas de importante valor ecológico. Las sentencias sientan además un importante precedente jurisprudencial que supone una nueva esperanza en muchos municipios en los que se están tramitando nuevos planes urbanísticos que no respetan el suelo protegido.
En conclusión, se impone que los terrenos que fueron protegidos en 1985 vuelvan al estado que marca la ley, y que los responsables de este atropello asuman su responsabilidad.
Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
· Queda desautorizada la maniobra del Ayuntamiento para sortear el cumplimiento de la legislación urbanística y resoluciones judiciales.
· Ruiz Gallardón, como anterior presidente de la Comunidad y actual alcalde de la capital, es doblemente responsable de la grave situación generada.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de noviembre de 2007, ratificado por la Comunidad de Madrid el pasado 24 de enero. Con este acuerdo el Ayuntamiento pretendía subsanar los defectos en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 que afectaban a veintidós nuevos ámbitos urbanísticos. Dichos desarrollos fueron anulados por dos sentencias, la primera del Tribunal Superrío de Justicia de Madrid de fecha 27 de febrero de 2003, y la segunda del Tribunal Supremo dictada el día 3 de julio de 2007. Entre los ámbitos anulados se encuentran varios de los desarrollos del Sureste, Valdebebas, Campamento, Arroyo Fresno y Valdecarros, entre otros, y en total engloban más 130.000 viviendas que ya no podrán ser construidas.
Antecedentes
En el año 1997 Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, por entonces presididos por Alvarez del Manzano y Ruiz Gallardón respectivamente, aprobaron una revisión del Plan General de Madrid por la que se recalificaba a urbanizable la práctica totalidad del suelo no urbanizable que quedaba dentro del término municipal, permitiendo la construcción de 190.000 nuevas viviendas que vendrían a destruir la corona verde de Madrid prevista en anteriores plantes generales. La recalificación afectaba además a la mayor parte del suelo que había sido declarado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por el anterior Plan General de 1985.
El anterior Alcalde de la ciudad, Juan Barranco, impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la revisión del Plan General alegando, entre otros motivos, que el Ayuntamiento no había justificado que hubiesen desaparecido las circunstancias determinantes de la protección de suelo operada por el anterior Plan General, tal y como exige la legislación urbanística.
Anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
En 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en contra del Ayuntamiento en este punto. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia concluye afirmando que “lo más relevante, es que el informe de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de 4.4.1997 formula objeciones y oposiciones rotundas a dicha desclasificación, bien porque en algunos casos se infringían determinadas Leyes especiales, bien porque en otros los terrenos presentaban valores acreedores de ser preservados”.
La presentación de recurso de casación ante el Supremo por parte de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid impidió que la sentencia cobrara firmeza, permitiendo a las citadas Administraciones continuar aprobando actos de planeamiento en los ámbitos afectados, (planes parciales, proyectos de urbanización, etc) y licencias de urbanización y construcción que devienen ilegales tras la publicación de la sentencia del Supremo, contra la que no cabe más recurso.
Anulación por el Tribunal Supremo
Con fecha 3 de julio de 2007 el Tribunal Supremo dictó sentencia resolviendo el recurso planteado por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, confirmando la anulación de veintidós ámbitos urbanísticos. En dicha sentencia se dejó fuera de la anulación los PAUS de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas debido a que la recalificación de suelo se había producido en una modificación anterior del Plan General y que por lo tanto debió haberse impugnado en aquel momento.
Maniobras dilatorias de las instituciones madrileñas
En lugar de cumplir la sentencia anulatoria, el Ayuntamiento de Madrid ha pretendido subsanar supuestas deficiencias con la aprobación de un Acuerdo, de fecha 28 de noviembre de 2007, ratificado por la Comunidad de Madrid el 24 de enero pasado, dejando transcurrir más de medio en los que se han continuado ejecutando en varios ámbitos proyectos anulados como consecuencia de las sentencias, consintiendo el incumplimiento de la sentencia durante este periodo y demorando la adopción de soluciones a la grave situación provocada.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone las cosas en su sitio
Sin embargo, como ya avanzábamos en un comunicado el 21 de noviembre de 2007, la estrategia del Ayuntamiento no sería admitida por los Tribunales. Y en este sentido el Auto dictado el día 31 de enero de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid “declara no haber lugar a considerar actos de ejecución de sentencia las actuaciones administrativas a las que se refieren el escrito, informes y resoluciones aportadas a los autos por el Ayuntamiento de Madrid”. El Auto se refiere al Acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de noviembre de 2007.
El Auto, que supone el tercer revés judicial que recibe el Ayuntamiento en el procedimiento, le recuerda al Ayuntamiento la obligación de publicar la sentencia en el boletín oficial.
La sentencia implica que vuelva a regir en los ámbitos afectados el Plan General de 1985, recuperando los suelos, incorrectamente desprotegidos, su calificación de suelo no urbanizable de protección especial. La anulación de la clasificación de los terrenos incluidos en tales ámbitos, según el propio informe que acompaña al Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento al que nos venimos refiriendo, “arrastra la invalidez a los planes e instrumentos de ejecución en su totalidad, de manera que han perdido toda su eficacia y posibilidad de aplicación”.
Las instituciones madrileñas deben cumplir la ley y las sentencias judiciales
Al Ayuntamiento de Madrid no le queda otra opción que cumplir la sentencia, publicándola en el boletín oficial y ordenando la paralización de todos los trabajos de urbanización que se estén acometiendo en la actualidad, así como la restitución a su anterior estado de todas las actuaciones urbanísticas acometidas en los desarrollos anulados, como por ejemplo las obras de urbanización en los desarrollos de Ahijones o Berrocales, la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, o la terminal T-4 de Barajas. Otra actuación urbanística de gran envergadura que se verá afectada y no podrá llevarse a cabo es la Ciudad de la Justicia.
Importantes consecuencias
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid deben dar solución a la situación en la que quedan los miles de personas que desde 1998 han estado aportando cantidades para la adquisición de viviendas en los desarrollos del Sureste afectados por la anulación, Berrocales, Ahijones y Los Cerros, y que ahora, después de diez años de continuos retrasos en los plazos de entrega de sus viviendas, no podrán ser construidas.
Las Sentencias de Tribunal Superior de Justicia y Tribunal Supremo ponen fin al modelo de desarrollo urbanístico impuesto por el Partido Popular en Madrid basado en un crecimiento urbano salvaje, que no tiene en cuenta a los ciudadanos, y cuyo verdadero objetivo era fomentar la especulación inmobiliaria a costa incluso de destruir zonas de importante valor ecológico. Las sentencias sientan además un importante precedente jurisprudencial que supone una nueva esperanza en muchos municipios en los que se están tramitando nuevos planes urbanísticos que no respetan el suelo protegido.
En conclusión, se impone que los terrenos que fueron protegidos en 1985 vuelvan al estado que marca la ley, y que los responsables de este atropello asuman su responsabilidad.
Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Debate en TELE-K sobre la Sentencia del Tribunal Supremo
Debate en TELE-K, del 27 de noviembre de 2007, sobre la Sentencia del Tribunal Supremo que anula 22 desarrollos urbanísticos del PGOU de Madrid de 1997.
miércoles, 28 de noviembre de 2007
¿Existe alguna vinculación entre el "Tamayazo" y la trama urbanística de desclasificación de suelo del PGOUM del 97?
9 DE JUNIO DE 2003
La incertidumbre atenaza a los nuevos barrios
El PSOE pide la ejecución parcial de la sentencia que afecta a 160.000 futuras vivienda
Lo que está ahora en discusión, tres meses después de que los jueces se pronunciaran, es en qué va a consistir esa "anulación", o, incluso, si llegará a producirse: el PSOE ha pedido la ejecución provisional de la sentencia, pero, al mismo tiempo, promete que "todo el mundo tendrá su piso"; los promotores y cooperativistas confían en que "finalmente se llegará a una solución, porque a nadie se le ocurrirá paralizar la construcción de 160.000 casas", y el concejal en funciones de Urbanismo, Ignacio del Río, anuncia que un informe jurídico del Ayuntamiento, que hará público en los próximos días, ha concluido que la sentencia se fundamenta en documentos incompletos y, por tanto, “es inefectiva”.
¿Se va a ejecutar entonces la sentencia o no? "Sí, nosotros hemos pedido ya la ejecución provisional: es decir, paralizar por el momento el desarrollo de esos nuevos barrios, hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación presentados por el Ayuntamiento y la Comunidad", explica Modesto Nolla, responsable de Ordenación Territorial del PSOE madrileño y diputado electo.
Pero los socialistas, que estos días negocian con IU la formación de un Gobierno conjunto en la Comunidad, piden sólo la ejecución de "una parte" de la sentencia, y con suficientes matices como para que "no suponga un perjuicio para los derechos ya adquiridos" por los futuros propietarios que ya han apalabrado sus pisos o por los promotores y cooperativistas que han comprado suelo -todos ellos, además, potenciales votantes-. Entre otras cosas, porque eso podría dar lugar a indemnizaciones millonarias que tendría que afrontar la administración.
EL PAÍS
10 DE JUNIO DE 2003 (al día siguiente).
El PP presidirá la Asamblea de Madrid por la ausencia de dos diputados socialistas
Tamayo ha fundamentado su decisión en las divergencias por los pactos del PSOE con IU .-Simancas y Zapatero acuerdan "la expulsión inmediata" de los diputados rebeldes
Crisis inesperada en el socialismo madrileño. El PSOE ha perdido hoy la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la ausencia deliberada de dos de sus diputados, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, a la votación donde se ha elegido al nuevo presidente de la cámara regional. El plante ha dejado en bandeja la presidencia a la popular Concepción Dancausa, que ha obtenido el apoyo de los 55 escaños de su grupo, haciendo inútil la unión de votos de PSOE e IU (54)
EL PAÍS
La incertidumbre atenaza a los nuevos barrios
El PSOE pide la ejecución parcial de la sentencia que afecta a 160.000 futuras vivienda
Lo que está ahora en discusión, tres meses después de que los jueces se pronunciaran, es en qué va a consistir esa "anulación", o, incluso, si llegará a producirse: el PSOE ha pedido la ejecución provisional de la sentencia, pero, al mismo tiempo, promete que "todo el mundo tendrá su piso"; los promotores y cooperativistas confían en que "finalmente se llegará a una solución, porque a nadie se le ocurrirá paralizar la construcción de 160.000 casas", y el concejal en funciones de Urbanismo, Ignacio del Río, anuncia que un informe jurídico del Ayuntamiento, que hará público en los próximos días, ha concluido que la sentencia se fundamenta en documentos incompletos y, por tanto, “es inefectiva”.
¿Se va a ejecutar entonces la sentencia o no? "Sí, nosotros hemos pedido ya la ejecución provisional: es decir, paralizar por el momento el desarrollo de esos nuevos barrios, hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación presentados por el Ayuntamiento y la Comunidad", explica Modesto Nolla, responsable de Ordenación Territorial del PSOE madrileño y diputado electo.
Pero los socialistas, que estos días negocian con IU la formación de un Gobierno conjunto en la Comunidad, piden sólo la ejecución de "una parte" de la sentencia, y con suficientes matices como para que "no suponga un perjuicio para los derechos ya adquiridos" por los futuros propietarios que ya han apalabrado sus pisos o por los promotores y cooperativistas que han comprado suelo -todos ellos, además, potenciales votantes-. Entre otras cosas, porque eso podría dar lugar a indemnizaciones millonarias que tendría que afrontar la administración.
EL PAÍS
10 DE JUNIO DE 2003 (al día siguiente).
El PP presidirá la Asamblea de Madrid por la ausencia de dos diputados socialistas
Tamayo ha fundamentado su decisión en las divergencias por los pactos del PSOE con IU .-Simancas y Zapatero acuerdan "la expulsión inmediata" de los diputados rebeldes
Crisis inesperada en el socialismo madrileño. El PSOE ha perdido hoy la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la ausencia deliberada de dos de sus diputados, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, a la votación donde se ha elegido al nuevo presidente de la cámara regional. El plante ha dejado en bandeja la presidencia a la popular Concepción Dancausa, que ha obtenido el apoyo de los 55 escaños de su grupo, haciendo inútil la unión de votos de PSOE e IU (54)
EL PAÍS
La Comunidad derriba una vivienda levantada en suelo protegido
EN LOS SANTOS DE LA HUMOSA
domingo 25/11/2007 EUROPA PRESS
MADRID.- La Comunidad de Madrid ha derribado una vivienda de 200 metros cuadrados en Los Santos de la Humosa, en el este de la región, cerca de Alcalá de Henares, por haber sido construida en terrenos protegidos por su interés paisajístico y su riqueza natural, informó el Ejecutivo autonómico.
El derribo, que estuvo supervisado por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, acabó con un edifico de más de 200 metros cuadrados repartidos entre 70 metros cuadrados habitables, un garaje de otros 80 metros cuadrados, un almacén den 60 metros cuadrados más y un pozo.
Leer Más:
EL MUNDO
domingo 25/11/2007 EUROPA PRESS
MADRID.- La Comunidad de Madrid ha derribado una vivienda de 200 metros cuadrados en Los Santos de la Humosa, en el este de la región, cerca de Alcalá de Henares, por haber sido construida en terrenos protegidos por su interés paisajístico y su riqueza natural, informó el Ejecutivo autonómico.
El derribo, que estuvo supervisado por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, acabó con un edifico de más de 200 metros cuadrados repartidos entre 70 metros cuadrados habitables, un garaje de otros 80 metros cuadrados, un almacén den 60 metros cuadrados más y un pozo.
Leer Más:
EL MUNDO
"Las sentencias de demolición hay que ejecutarlas, aunque no haya tradición"
ANTONIO VERCHER, FISCAL DE MEDIO AMBIENTE
El fiscal, que intervino hoy en Santander en las III Jornadas 'Naturaleza y Medio Ambiente', planea la creación de un equipo auxiliar de expertos que ayude a las comunidades autónomas con "dificultades"
15.11.07 - 14:51 -E.P. Santander
El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, defendió hoy el cumplimiento de las sentencias de demolición como algo "bueno" y "positivo", si bien lamentó que esa conciencia es algo que "este país no acaba de asumir".
Vercher respondió así al presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, quien intervino en el turno de preguntas posterior a la ponencia del fiscal de Medio Ambiente 'Las Fiscalías de Medio Ambiente, retos y futuro', incluidas en las III Jornadas 'Naturaleza y Medio Ambiente', organizadas por la Guardia Civil.
Leer más:
EL DIARIO MONTAÑES
El fiscal, que intervino hoy en Santander en las III Jornadas 'Naturaleza y Medio Ambiente', planea la creación de un equipo auxiliar de expertos que ayude a las comunidades autónomas con "dificultades"
15.11.07 - 14:51 -E.P. Santander
El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, defendió hoy el cumplimiento de las sentencias de demolición como algo "bueno" y "positivo", si bien lamentó que esa conciencia es algo que "este país no acaba de asumir".
Vercher respondió así al presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, quien intervino en el turno de preguntas posterior a la ponencia del fiscal de Medio Ambiente 'Las Fiscalías de Medio Ambiente, retos y futuro', incluidas en las III Jornadas 'Naturaleza y Medio Ambiente', organizadas por la Guardia Civil.
Leer más:
EL DIARIO MONTAÑES
miércoles, 21 de noviembre de 2007
El Ayuntamiento de Madrid pretende seguir incumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo
PERJUDICANDO GRAVEMENTE A MILES DE VECINOS QUE PUEDEN PERDER SUS VIVIENDAS
El ejecutivo de Ruiz-Gallardón pretende aprobar un Documento Complementario a la Memoria del PGOUM-97 con el fin de eludir la justicia, cuyo Tribunal Supremo ha declarado ilegal la urbanización de más de 3 mil Ha. Esta actitud, además de ILEGAL y destructora del medio ambiente especialmente protegido, puede ocasionar un daño irreparable a los aproximadamente 450.000 vecinos que están afectados por esta irregular tramitación urbanística, y cuyas viviendas se encuentran fuera de la legalidad.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, atendiendo a un recurso contencioso administrativo presentado contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid de 17 de abril de 1997, por la que se hicieron públicos los Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid relativos a la Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, emitió un fallo el 27-2-2003, que estimaba dicho recurso, ANULANDO el referido acuerdo en aquellas determinaciones que suponen la desclasificación de terrenos clasificados en el Plan General de 1985 como Suelo No Urbanizable de Especial Protección en 28 ámbitos.
En aquel año 2003, en lugar de cumplir con la sentencia y arreglar el desaguisado urbanístico provocado, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid cumplieron aquella sentencia, y presentaron recursos de casación contra la misma.
Cuatro años más tarde, el 3 de julio de 2007, la sala 3ª y sección 5ª del Tribunal Supremo emitía un nuevo fallo, por el que aceptaba el recurso en lo referido a 5 ámbitos, y “confirmamos en lo restante los pronunciamientos de aquella sentencia”.
Estamos refiriéndonos a 24 ámbitos que abarcan casi 90 millones de metros cuadrados, que el PGOUM-97 declaraba urbanizables, y en los que se pretendían levantar un total de unas 135.000 viviendas; pero en ellos hay suelo no urbanizable de especial protección, y que por lo tanto hay que respetar, abarcando una superficie de casi 35 millones de metros cuadrados, es decir un 38% de la superficie total.
En uno de esos ámbitos, Los Ahijones, se ha producido un auto judicial, de fecha 27-09-2007 en el que SE ACUERDA LA SUSPENSIÓN del Acuerdo Segundo de la Junta de Gobierno del AYUNTAMIENTO DE MADRID de fecha 4 de Enero de 2007, por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización del ámbito de suelo urbanizable programado UZP 2.03 "Desarrollo del Este-Los Ahijones", porque el plan a ejecutar ha sido anulado por la sentencia de la Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 27 de Febrero de 2003, … por tratarse de suelo calificado como no urbanizable de protección por el Plan General. A su vez dicha sentencia ha sido confirmada en casación por la del Tribunal Supremo de fecha 3 de Julio de 2007
Parece no haber duda de la nulidad del PGOUM de 1997 en los ámbitos afectados por dichas sentencias, pero ni el equipo de gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón, ni el autonómico de Esperanza Aguirre, parecen querer enterarse. Al retraso de cuatro años desde la primera sentencia, se están sumando los meses transcurridos desde la del Tribunal Supremo, lo que está agravando aún más la situación de los vecinos afectados.
Es claro que lo único que se puede hacer a partir de ahora es la elaboración de un nuevo Plan General que respete la legalidad vigente. Sin embargo, y de manera irresponsable, el gobierno municipal sólo contempla la elaboración y aprobación de un anexo con la intención de subsanar “un defecto de forma, no de contenido”, según ha declarado recientemente Pilar Martínez, delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Esta inútil e ilegal operación se pretende realizar en dos fases: La primera el miércoles 21 de noviembre en la Comisión de Urbanismo, que tiene como Punto 8. la Propuesta para ejecutar la sentencia nº 216, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de julio de 2007, mediante la aprobación de la Documentación Complementaria a la Memoria del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativa a la subsanación de las determinaciones de clasificación de suelos no urbanizables protegidos, anulados por las referidas sentencias. Y la segunda parte consistiría en la aprobación de esta “Documentación Complementaria” en el próximo Pleno Municipal del 28 de noviembre.
Esta medida es inútil, ya que en la actualidad el PGOUM-97 es NULO en los ámbitos referidos, y por lo tanto no admiten subsanaciones ni reformas, sino una nueva aprobación, con todos sus trámites. Todo el tiempo que demoren esta medida, será más tiempo a añadir al padecimiento de los vecinos afectados, y quienes contribuyan a prolongar este padecimiento tendrán que responder ante la ciudadanía y los tribunales.
En estos momentos todas las disposiciones y acuerdos adoptados en estos ámbitos son nulos de pleno derecho, y se irán produciendo en cascada nuevas paralizaciones de los proyectos de urbanización, obras, etc., como ha empezado en el caso de los Ahijones. Por ese mismo motivo todas las posibles comercializaciones de suelo y viviendas que se hayan producido o se sigan produciendo sobre estos suelos, carecen de la cobertura legal, con lo que podemos estar asistiendo a una estafa de colosales dimensiones, con el beneplácito de unas administraciones que se niegan a cumplir una sentencia judicial firme. Las viviendas levantadas en suelo fuera de la legalidad, siempre estarán amenazadas de posible demolición, algo que nos recuerdan casi todos los días los medios de comunicación.
Estas actitudes obstruccionistas de los responsables municipales y autonómicos están tipificadas en el código penal, y no es descartable que en Madrid se produzcan situaciones como las vividas últimamente en Marbella y otros municipios españoles. Incluso hay que preguntarse si las recientes detenciones y procesos abiertos en las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid no tendrán algo que ver también con las sentencias a que nos estamos refiriendo.
- Por un urbanismo que respete la legalidad y el medio ambiente
- Por la aceleración de los procesos burocráticos y legales
- Garantía a los vecinos afectados de todas las cantidades aportadas.
- Por el derecho a techo en condiciones dignas, justas y saludables.
El ejecutivo de Ruiz-Gallardón pretende aprobar un Documento Complementario a la Memoria del PGOUM-97 con el fin de eludir la justicia, cuyo Tribunal Supremo ha declarado ilegal la urbanización de más de 3 mil Ha. Esta actitud, además de ILEGAL y destructora del medio ambiente especialmente protegido, puede ocasionar un daño irreparable a los aproximadamente 450.000 vecinos que están afectados por esta irregular tramitación urbanística, y cuyas viviendas se encuentran fuera de la legalidad.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, atendiendo a un recurso contencioso administrativo presentado contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid de 17 de abril de 1997, por la que se hicieron públicos los Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid relativos a la Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, emitió un fallo el 27-2-2003, que estimaba dicho recurso, ANULANDO el referido acuerdo en aquellas determinaciones que suponen la desclasificación de terrenos clasificados en el Plan General de 1985 como Suelo No Urbanizable de Especial Protección en 28 ámbitos.
En aquel año 2003, en lugar de cumplir con la sentencia y arreglar el desaguisado urbanístico provocado, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid cumplieron aquella sentencia, y presentaron recursos de casación contra la misma.
Cuatro años más tarde, el 3 de julio de 2007, la sala 3ª y sección 5ª del Tribunal Supremo emitía un nuevo fallo, por el que aceptaba el recurso en lo referido a 5 ámbitos, y “confirmamos en lo restante los pronunciamientos de aquella sentencia”.
Estamos refiriéndonos a 24 ámbitos que abarcan casi 90 millones de metros cuadrados, que el PGOUM-97 declaraba urbanizables, y en los que se pretendían levantar un total de unas 135.000 viviendas; pero en ellos hay suelo no urbanizable de especial protección, y que por lo tanto hay que respetar, abarcando una superficie de casi 35 millones de metros cuadrados, es decir un 38% de la superficie total.
En uno de esos ámbitos, Los Ahijones, se ha producido un auto judicial, de fecha 27-09-2007 en el que SE ACUERDA LA SUSPENSIÓN del Acuerdo Segundo de la Junta de Gobierno del AYUNTAMIENTO DE MADRID de fecha 4 de Enero de 2007, por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización del ámbito de suelo urbanizable programado UZP 2.03 "Desarrollo del Este-Los Ahijones", porque el plan a ejecutar ha sido anulado por la sentencia de la Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 27 de Febrero de 2003, … por tratarse de suelo calificado como no urbanizable de protección por el Plan General. A su vez dicha sentencia ha sido confirmada en casación por la del Tribunal Supremo de fecha 3 de Julio de 2007
Parece no haber duda de la nulidad del PGOUM de 1997 en los ámbitos afectados por dichas sentencias, pero ni el equipo de gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón, ni el autonómico de Esperanza Aguirre, parecen querer enterarse. Al retraso de cuatro años desde la primera sentencia, se están sumando los meses transcurridos desde la del Tribunal Supremo, lo que está agravando aún más la situación de los vecinos afectados.
Es claro que lo único que se puede hacer a partir de ahora es la elaboración de un nuevo Plan General que respete la legalidad vigente. Sin embargo, y de manera irresponsable, el gobierno municipal sólo contempla la elaboración y aprobación de un anexo con la intención de subsanar “un defecto de forma, no de contenido”, según ha declarado recientemente Pilar Martínez, delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Esta inútil e ilegal operación se pretende realizar en dos fases: La primera el miércoles 21 de noviembre en la Comisión de Urbanismo, que tiene como Punto 8. la Propuesta para ejecutar la sentencia nº 216, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de julio de 2007, mediante la aprobación de la Documentación Complementaria a la Memoria del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativa a la subsanación de las determinaciones de clasificación de suelos no urbanizables protegidos, anulados por las referidas sentencias. Y la segunda parte consistiría en la aprobación de esta “Documentación Complementaria” en el próximo Pleno Municipal del 28 de noviembre.
Esta medida es inútil, ya que en la actualidad el PGOUM-97 es NULO en los ámbitos referidos, y por lo tanto no admiten subsanaciones ni reformas, sino una nueva aprobación, con todos sus trámites. Todo el tiempo que demoren esta medida, será más tiempo a añadir al padecimiento de los vecinos afectados, y quienes contribuyan a prolongar este padecimiento tendrán que responder ante la ciudadanía y los tribunales.
En estos momentos todas las disposiciones y acuerdos adoptados en estos ámbitos son nulos de pleno derecho, y se irán produciendo en cascada nuevas paralizaciones de los proyectos de urbanización, obras, etc., como ha empezado en el caso de los Ahijones. Por ese mismo motivo todas las posibles comercializaciones de suelo y viviendas que se hayan producido o se sigan produciendo sobre estos suelos, carecen de la cobertura legal, con lo que podemos estar asistiendo a una estafa de colosales dimensiones, con el beneplácito de unas administraciones que se niegan a cumplir una sentencia judicial firme. Las viviendas levantadas en suelo fuera de la legalidad, siempre estarán amenazadas de posible demolición, algo que nos recuerdan casi todos los días los medios de comunicación.
Estas actitudes obstruccionistas de los responsables municipales y autonómicos están tipificadas en el código penal, y no es descartable que en Madrid se produzcan situaciones como las vividas últimamente en Marbella y otros municipios españoles. Incluso hay que preguntarse si las recientes detenciones y procesos abiertos en las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid no tendrán algo que ver también con las sentencias a que nos estamos refiriendo.
- Por un urbanismo que respete la legalidad y el medio ambiente
- Por la aceleración de los procesos burocráticos y legales
- Garantía a los vecinos afectados de todas las cantidades aportadas.
- Por el derecho a techo en condiciones dignas, justas y saludables.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)