- Importantes operaciones como la Ciudad de la Justicia, la ciudad deportiva del Real Madrid, la ampliación de IFEMA, Valdebebas, Campamento, etc., quedan afectadas.
- 130.000 viviendas previstas, quedan en situación ilegal.
Con un año justo de retraso, el pasado 3 de julio el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado las sentencias 216 de 27 de febrero de 2003 de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Superior de Justicia de Madrid, y la del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2007, que anulaban 22 desarrollos del PGOUM-97.
Textualmente, la sentencia del TSJM de 2003, confirmada por la del TS de 2007, decía: “Que estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Juan A. Barranco Gallardo contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, de 17 de abril de 1997, por la que se hicieron públicos los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid relativos a la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que anulamos en aquellas determinaciones, que suponen la desclasificación de terrenos clasificados en el Plan General de 1985 como Suelo No Urbanizable de Especial Protección” en 22 ámbitos de desarrollo urbanístico.
La sentencia implica que vuelva a regir en los ámbitos afectados el Plan General de 1985, recuperando los suelos, incorrectamente desprotegidos, su calificación de suelo no urbanizable de protección especial.
La publicación de estas sentencias, que la Administración ha retrasado de manera injustificada, les da el carácter de generalidad aplicables a todos, dejando sin efecto, de hecho, todas las disposiciones emanadas de la norma anulada, ya que los intentos de subsanación realizados por Ayuntamiento y Comunidad han sido rechazados expresamente por el Auto dictado el 31 de enero de 2008, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las instituciones madrileñas deben cumplir la ley y las sentencias judiciales.
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid deben dar solución a la situación en la que quedan los miles de personas que desde 1998 han estado aportando cantidades para la adquisición de viviendas en los desarrollos del Sureste afectados por la anulación, Berrocales, Ahijones y Los Cerros, y que ahora, después de diez años de continuos retrasos en los plazos de entrega de sus viviendas, no podrán ser construidas.
Operaciones pendientes como la Ciudad Deportiva o Campamento, a la que se refería el alcalde hace pocos días, también se verán afectadas, debiéndose realizar una nueva planificación que respete los suelos especialmente protegidos.
Al Ayuntamiento de Madrid no le queda otra opción que cumplir la sentencia, ordenando la paralización de todos los trabajos de urbanización que se estén acometiendo en la actualidad, así como la restitución, a su anterior estado, de todas las actuaciones urbanísticas acometidas en los desarrollos anulados.
En caso de que el Ayuntamiento de Madrid continúe incumpliendo las sentencias de manera irresponsable, la Comunidad de Madrid debería estudiar la posible asunción de las competencias urbanísticas del municipio de Madrid, ya que su actuación está teniendo consecuencias muy graves para los intereses de miles de vecinos afectados, tal como ya ha sido planteado para el Municipio de Brunete.
Madrid, 7 de julio de 2008
Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje
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