El Ayuntamiento de Madrid pretende seguir incumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo

PERJUDICANDO GRAVEMENTE A MILES DE VECINOS QUE PUEDEN PERDER SUS VIVIENDAS

El ejecutivo de Ruiz-Gallardón pretende aprobar un Documento Complementario a la Memoria del PGOUM-97 con el fin de eludir la justicia, cuyo Tribunal Supremo ha declarado ilegal la urbanización de más de 3 mil Ha. Esta actitud, además de ILEGAL y destructora del medio ambiente especialmente protegido, puede ocasionar un daño irreparable a los aproximadamente 450.000 vecinos que están afectados por esta irregular tramitación urbanística, y cuyas viviendas se encuentran fuera de la legalidad.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, atendiendo a un recurso contencioso administrativo presentado contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid de 17 de abril de 1997, por la que se hicieron públicos los Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid relativos a la Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, emitió un fallo el 27-2-2003, que estimaba dicho recurso, ANULANDO el referido acuerdo en aquellas determinaciones que suponen la desclasificación de terrenos clasificados en el Plan General de 1985 como Suelo No Urbanizable de Especial Protección en 28 ámbitos.
En aquel año 2003, en lugar de cumplir con la sentencia y arreglar el desaguisado urbanístico provocado, ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid cumplieron aquella sentencia, y presentaron recursos de casación contra la misma.

Cuatro años más tarde, el 3 de julio de 2007, la sala 3ª y sección 5ª del Tribunal Supremo emitía un nuevo fallo, por el que aceptaba el recurso en lo referido a 5 ámbitos, y “confirmamos en lo restante los pronunciamientos de aquella sentencia”.

Estamos refiriéndonos a 24 ámbitos que abarcan casi 90 millones de metros cuadrados, que el PGOUM-97 declaraba urbanizables, y en los que se pretendían levantar un total de unas 135.000 viviendas; pero en ellos hay suelo no urbanizable de especial protección, y que por lo tanto hay que respetar, abarcando una superficie de casi 35 millones de metros cuadrados, es decir un 38% de la superficie total.

En uno de esos ámbitos, Los Ahijones, se ha producido un auto judicial, de fecha 27-09-2007 en el que SE ACUERDA LA SUSPENSIÓN del Acuerdo Segundo de la Junta de Gobierno del AYUNTAMIENTO DE MADRID de fecha 4 de Enero de 2007, por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización del ámbito de suelo urbanizable programado UZP 2.03 "Desarrollo del Este-Los Ahijones", porque el plan a ejecutar ha sido anulado por la sentencia de la Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 27 de Febrero de 2003, … por tratarse de suelo calificado como no urbanizable de protección por el Plan General. A su vez dicha sentencia ha sido confirmada en casación por la del Tribunal Supremo de fecha 3 de Julio de 2007

Parece no haber duda de la nulidad del PGOUM de 1997 en los ámbitos afectados por dichas sentencias, pero ni el equipo de gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón, ni el autonómico de Esperanza Aguirre, parecen querer enterarse. Al retraso de cuatro años desde la primera sentencia, se están sumando los meses transcurridos desde la del Tribunal Supremo, lo que está agravando aún más la situación de los vecinos afectados.

Es claro que lo único que se puede hacer a partir de ahora es la elaboración de un nuevo Plan General que respete la legalidad vigente. Sin embargo, y de manera irresponsable, el gobierno municipal sólo contempla la elaboración y aprobación de un anexo con la intención de subsanar “un defecto de forma, no de contenido”, según ha declarado recientemente Pilar Martínez, delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Esta inútil e ilegal operación se pretende realizar en dos fases: La primera el miércoles 21 de noviembre en la Comisión de Urbanismo, que tiene como Punto 8. la Propuesta para ejecutar la sentencia nº 216, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y la sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de julio de 2007, mediante la aprobación de la Documentación Complementaria a la Memoria del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativa a la subsanación de las determinaciones de clasificación de suelos no urbanizables protegidos, anulados por las referidas sentencias. Y la segunda parte consistiría en la aprobación de esta “Documentación Complementaria” en el próximo Pleno Municipal del 28 de noviembre.

Esta medida es inútil, ya que en la actualidad el PGOUM-97 es NULO en los ámbitos referidos, y por lo tanto no admiten subsanaciones ni reformas, sino una nueva aprobación, con todos sus trámites. Todo el tiempo que demoren esta medida, será más tiempo a añadir al padecimiento de los vecinos afectados, y quienes contribuyan a prolongar este padecimiento tendrán que responder ante la ciudadanía y los tribunales.

En estos momentos todas las disposiciones y acuerdos adoptados en estos ámbitos son nulos de pleno derecho, y se irán produciendo en cascada nuevas paralizaciones de los proyectos de urbanización, obras, etc., como ha empezado en el caso de los Ahijones. Por ese mismo motivo todas las posibles comercializaciones de suelo y viviendas que se hayan producido o se sigan produciendo sobre estos suelos, carecen de la cobertura legal, con lo que podemos estar asistiendo a una estafa de colosales dimensiones, con el beneplácito de unas administraciones que se niegan a cumplir una sentencia judicial firme. Las viviendas levantadas en suelo fuera de la legalidad, siempre estarán amenazadas de posible demolición, algo que nos recuerdan casi todos los días los medios de comunicación.

Estas actitudes obstruccionistas de los responsables municipales y autonómicos están tipificadas en el código penal, y no es descartable que en Madrid se produzcan situaciones como las vividas últimamente en Marbella y otros municipios españoles. Incluso hay que preguntarse si las recientes detenciones y procesos abiertos en las delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid no tendrán algo que ver también con las sentencias a que nos estamos refiriendo.

- Por un urbanismo que respete la legalidad y el medio ambiente
- Por la aceleración de los procesos burocráticos y legales
- Garantía a los vecinos afectados de todas las cantidades aportadas.
- Por el derecho a techo en condiciones dignas, justas y saludables.