Convencidos de que el actual modelo de desarrollo urbanístico que se expande por toda la geografía de nuestro país, basado fundamentalmente en la corrupción y la especulación, es una lacra social que:
- Atenta contra la calidad de vida de nuestros hábitats residenciales al favorecer el beneficio económico de los diferentes agentes de la edificación en detrimento del bienestar de los ciudadanos, generando desarrollos urbanos deficitarios en dotaciones y equipamientos públicos.
- Destruye el medio ambiente y los recursos naturales de todos al poner al servicio de la actividad inmobiliaria el patrimonio común de los ciudadanos, arrasando con zonas de importante valor ecológico, histórico, cultural, agropecuario y paisajístico.
- Promueve un modelo de sociedad individualista e insolidaria al configurar nuevos barrios donde la vida pública es simplemente imposible de ejercitar, aislando a los individuos que quedan atrapados en sus propios problemas de movilidad y accesibilidad a los servicios más básicos.
- Genera un desarrollo económico basado en la concentración de la riqueza y el aumento de las desigualdades sociales al convertir la especulación del suelo, al que sólo unos pocos tienen acceso, en motivo único o superior del proceso urbanizador, facilitando la apropiación de los bienes particulares de toda la población por parte de los grandes lobbies inmobiliarios.
- Agrava el problema de acceso a la vivienda, derecho constitucional, de los ciudadanos al encarecer día a día su precio en interés del beneficio privado de las empresas promotoras, constructoras y financieras, permitiendo un monopolio u oligopolio de hecho que favorece únicamente su lucro particular en perjuicio de una necesidad básica y pública.
- Mancilla en sí misma la legitimidad de nuestras instituciones públicas al pervertir el bien común con la compra-venta de voluntades particulares, convirtiendo a nuestros cargos y organismos institucionales en fieles siervos de un sistema dirigido por y para el especulador urbanístico.
la Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS) es un colectivo que surge como respuesta a este urbanismo salvaje y en favor de un desarrollo urbano verdaderamente democrático que recupere sus principios asentados en el bien común y el interés general mediante el fomento de la calidad de vida en los entornos residenciales, la satisfacción efectiva del derecho de acceso a una vivienda digna de todos los ciudadanos, el respeto escrupuloso al medio ambiente y los recursos naturales, así como al patrimonio histórico y cultural, la solidaridad entre ciudadanos y la vida pública, el disfrute equitativo de la riqueza que entre todos generamos y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de urbanismo y medio ambiente.
En esta línea, PAUS pretende alertar de los peligros que se derivan de las ilegalidades contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que es un fiel reflejo del modelo de desarrollo urbanístico del Partido Popular, insostenible, irracional y especulativo, y que ha sido invalidado, en aspectos sustanciales, por el Tribunal Supremo. Este urbanismo ilegal deja fuera de planeamiento unas 150.000 viviendas, lo que, de no ser corregido de inmediato, puede provocar una estafa de colosales dimensiones.
- Atenta contra la calidad de vida de nuestros hábitats residenciales al favorecer el beneficio económico de los diferentes agentes de la edificación en detrimento del bienestar de los ciudadanos, generando desarrollos urbanos deficitarios en dotaciones y equipamientos públicos.
- Destruye el medio ambiente y los recursos naturales de todos al poner al servicio de la actividad inmobiliaria el patrimonio común de los ciudadanos, arrasando con zonas de importante valor ecológico, histórico, cultural, agropecuario y paisajístico.
- Promueve un modelo de sociedad individualista e insolidaria al configurar nuevos barrios donde la vida pública es simplemente imposible de ejercitar, aislando a los individuos que quedan atrapados en sus propios problemas de movilidad y accesibilidad a los servicios más básicos.
- Genera un desarrollo económico basado en la concentración de la riqueza y el aumento de las desigualdades sociales al convertir la especulación del suelo, al que sólo unos pocos tienen acceso, en motivo único o superior del proceso urbanizador, facilitando la apropiación de los bienes particulares de toda la población por parte de los grandes lobbies inmobiliarios.
- Agrava el problema de acceso a la vivienda, derecho constitucional, de los ciudadanos al encarecer día a día su precio en interés del beneficio privado de las empresas promotoras, constructoras y financieras, permitiendo un monopolio u oligopolio de hecho que favorece únicamente su lucro particular en perjuicio de una necesidad básica y pública.
- Mancilla en sí misma la legitimidad de nuestras instituciones públicas al pervertir el bien común con la compra-venta de voluntades particulares, convirtiendo a nuestros cargos y organismos institucionales en fieles siervos de un sistema dirigido por y para el especulador urbanístico.
la Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS) es un colectivo que surge como respuesta a este urbanismo salvaje y en favor de un desarrollo urbano verdaderamente democrático que recupere sus principios asentados en el bien común y el interés general mediante el fomento de la calidad de vida en los entornos residenciales, la satisfacción efectiva del derecho de acceso a una vivienda digna de todos los ciudadanos, el respeto escrupuloso al medio ambiente y los recursos naturales, así como al patrimonio histórico y cultural, la solidaridad entre ciudadanos y la vida pública, el disfrute equitativo de la riqueza que entre todos generamos y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de urbanismo y medio ambiente.
En esta línea, PAUS pretende alertar de los peligros que se derivan de las ilegalidades contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que es un fiel reflejo del modelo de desarrollo urbanístico del Partido Popular, insostenible, irracional y especulativo, y que ha sido invalidado, en aspectos sustanciales, por el Tribunal Supremo. Este urbanismo ilegal deja fuera de planeamiento unas 150.000 viviendas, lo que, de no ser corregido de inmediato, puede provocar una estafa de colosales dimensiones.
Por ello,
DENUNCIAMOS los retrasos provocados por la nefasta gestión de los responsables municipales y autonómicos que está ocasionando unos daños irreparables a los ciudadanos afectados.
ALERTAMOS de las negativas consecuencias que una planificación salvaje e ilegal puede acarrear a los vecinos presentes y futuros, no sólo en cuanto a su calidad de vida, sino en referencia a los problemas derivados de la comercialización de viviendas que se edificasen fuera de la legalidad.
EXIGIMOS el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de urbanismo y medio ambiente en los actuales y futuros desarrollos, como única solución válida y factible a este grave problema social al que se enfrenta la población madrileña.
DENUNCIAMOS los retrasos provocados por la nefasta gestión de los responsables municipales y autonómicos que está ocasionando unos daños irreparables a los ciudadanos afectados.
ALERTAMOS de las negativas consecuencias que una planificación salvaje e ilegal puede acarrear a los vecinos presentes y futuros, no sólo en cuanto a su calidad de vida, sino en referencia a los problemas derivados de la comercialización de viviendas que se edificasen fuera de la legalidad.
EXIGIMOS el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de urbanismo y medio ambiente en los actuales y futuros desarrollos, como única solución válida y factible a este grave problema social al que se enfrenta la población madrileña.
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