EL SUPREMO DECLARA ILEGALES 150.000 VIVIENDAS DE MADRID
Una sentencia del Tribunal Supremo declara nulos 22 de los 27 nuevos barrios previstos en el actual Plan General de Madrid por no justificar el cambio de suelos protegidos a urbanizables.
Andrea de Pablo.Madrid
La sentencia del Tribunal Supremo afecta a cerca de 150.000 nuevas viviendas de la capital, que tras el fallo se convierten en ilegales. Todo comenzó cuando en 1997, a raíz de la nueva Ley del Suelo del PP, la Comunidad de Madrid, con Alberto Ruiz-Gallardón al frente, y el Ayuntamiento de Madrid, con el entonces alcalde Álvarez del Manzano, aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la región. Para ello, las administraciones desclasificaron 28 zonas protegidas del cinturón verde de Madrid, donde vendrían a levantarse las nuevas viviendas, barrios enteros como Valdebebas, Los Ahijones o Arroyo del Fresno, entre otros. Tras casi una década de litigios interpuestos contra el PGOU, el fallo del Supremo finalmente ha declarado nulos los proyectos urbanísticos en buena parte de estos terrenos, al ser zonas anteriormente protegidas por su valor agrícola, forestal, ganadero o histórico, y que se convirtieron en urbanizables sin justificación.
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DIAGONAL
miércoles, 21 de noviembre de 2007
"Vamos a ejecutar la sentencia"
Entrevista a Beatriz Lobón, coordinadora de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid
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130.000 casas al margen de la ley
Un juez paraliza la urbanización en los Ahijones (Vicálvaro) edificada en suelo protegido que Gallardón reclasificó irregularmente en 1997
PÚBLICO.ES - 13/11/2007 22:35
“Me han dicho que han parado las obras en los Ahijones. ¿Va en serio? Debe ser por la dichosa sentencia del Supremo del Plan General de Urbanismo de 1997. ¿Qué pasará con nuestras casas? ¿Cuánto se van a retrasar ahora?”. Los foros de los vecinos de los nuevos barrios de Madrid (www.nuevosvecinos.org ) echan humo desde hace días.
Un auto del juzgado 18 de lo contencioso-administrativo ha parado las obras en Vicálvaro de los Ahijones (15.400 viviendas previstas) y hay otra suspensión por aplicar en los juzgados que afecta a los Berrocales (22.235 pisos previstos), según confirmó Beatriz Lobón, gerente de urbanismo a Público. Además, insinuó que tras ésas suspensiones cautelares de los Ahijones o los Berrocales hay una especie de conjura: “Las está pidiendo un grupo de abogados en ámbitos concretos. Saque sus conclusiones”.
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PÚBLICO.ES - 13/11/2007 22:35
“Me han dicho que han parado las obras en los Ahijones. ¿Va en serio? Debe ser por la dichosa sentencia del Supremo del Plan General de Urbanismo de 1997. ¿Qué pasará con nuestras casas? ¿Cuánto se van a retrasar ahora?”. Los foros de los vecinos de los nuevos barrios de Madrid (www.nuevosvecinos.org ) echan humo desde hace días.
Un auto del juzgado 18 de lo contencioso-administrativo ha parado las obras en Vicálvaro de los Ahijones (15.400 viviendas previstas) y hay otra suspensión por aplicar en los juzgados que afecta a los Berrocales (22.235 pisos previstos), según confirmó Beatriz Lobón, gerente de urbanismo a Público. Además, insinuó que tras ésas suspensiones cautelares de los Ahijones o los Berrocales hay una especie de conjura: “Las está pidiendo un grupo de abogados en ámbitos concretos. Saque sus conclusiones”.
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martes, 13 de noviembre de 2007
Ratificada la anulación del Plan General de Madrid de 1997
No alcanzo a entender por qué razón la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2007 no ha tenido más repercusión mediática. En ella se ratifica nada más y nada menos que la anulación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 en los siguientes ámbitos...
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OTEANDO EL HORIZONTE
Bitácora de Julio Tejedor
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OTEANDO EL HORIZONTE
Bitácora de Julio Tejedor
La quiebra del modelo urbanístico del Partido Popular en Madrid
Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo ha declarado nulos 22 desarrollos urbanísticos de la capital, lo cual supone la desautorización de la política urbanística salvaje, depredadora y especuladora del Partido Popular en la Comunidad de Madrid de las últimas décadas, y que afecta a la construcción de cerca de 150.000 viviendas que ahora quedan fuera de la legalidad.
Al modelo urbanístico especulador del PP en Madrid le ha llegado su fin. El pasado 3 de julio una Sentencia del Tribunal Supremo, máximo órgano judicial del estado español, anulaba 22 desarrollos urbanísticos de la ciudad, entre los que se encuentran la Operación Campamento, Valdebebas, Los Ahijones, Los Cerros, Los Berrocales, Valdecarros, Arroyo del Fresno, y La Atalayuela, entre otros, por entender que la desclasificación del suelo protegido operada por la revisión del Plan General aprobada por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en 1997 no cumplía con la justificación exigida por la Ley del Suelo.
Esta Sentencia ratifica una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra la aprobación definitiva, por parte de la Comunidad de Madrid, de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Dicha sentencia, ratificada prácticamente en su totalidad por el Tribunal Supremo, considera que existía una “insuficiente motivación de la clasificación como suelos urbanizables y urbanos por el PGOUM de terrenos que tenían la clasificación de suelos no urbanizables de especial protección en el anterior Plan de 1985” así como que no se acreditaba debidamente que hubieran desaparecido las circunstancias determinantes de su protección”. La Sentencia, que como se ha dicho anteriormente, anula el planeamiento de los ámbitos afectados, es firme, no cabiendo recurso alguno contra ella, quedando de esta forma invalidadas todas las actuaciones de desarrollo del Plan General (aprobación de planes parciales, proyectos de urbanización, etc.) llevadas a cabo sobre dichos ámbitos con posterioridad a la aprobación del Plan General de 1997.
Con la llegada al poder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y, especialmente, al Ayuntamiento de la capital, se produjo un giro radical en la política urbanística en la región, modificando la filosofía basada en el desarrollo urbano sostenible, respetuoso con el medio ambiente como generador de vida, que hasta esa fecha ocupaba un lugar importante en la planificación del territorio, para pasar a un concepto de la acción pública urbanística en el que prima la actividad económica del mercado inmobiliario y el beneficio de las empresas promotoras privadas, relegando a un lugar secundario la calidad medioambiental de los entornos urbanos.
Durante las últimas décadas, las leyes del suelo y los planes urbanísticos aprobados por el PP han dejado patente que, en su criterio de política urbanística, el suelo es un producto más para hacer negocio y no el medio físico dónde los ciudadanos tienen la oportunidad de desarrollar en plenitud su vida de una forma sana y agradable. Para ello no han dudado durante este tiempo en invertir un proceso en el cual el medioambiente era un valor a preservar en beneficio de los habitantes de los municipios, para transformarlo en toda una maquinaría de generación de plusvalías y beneficios económicos, convirtiendo todo el suelo en urbanizable independientemente de su valor ecológico, ambiental, paisajístico o histórico, en beneficio de los intereses económicos de las grandes constructoras y promotores inmobiliarios.
El urbanismo depredador que esta sentencia desenmascara, ha generado un problema de una envergadura social incalculable y de consecuencias impredecibles, ya que ha permitido y fomentado la comercialización de cientos de miles de viviendas que se encuentran fuera de la legalidad, y por tanto amenazadas de posible demolición futura, lo que puede dejar a miles de jóvenes y familias en la calle y sin ahorros.
A la Administración Regional y Municipal madrileña sólo le queda un camino: Cumplir con la sentencia judicial e iniciar la elaboración de un nuevo Plan General de Urbanismo para los ámbitos que ahora se encuentran fuera de legalidad, que respete todo el suelo que estaba calificado como de especial protección en 1985. La Administración tiene un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia. El retraso e incumplimiento de sus obligaciones por parte de los responsables podría ser constitutiva de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Y lo más grave es que aumentarán los retrasos que ya se vienen acumulando, hasta la fecha, en la ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos, por las políticas de especulación del suelo de las dos últimas décadas. Dado que más tarde o más temprano la Sentencia deberá ser cumplida, podemos estar asistiendo a la mayor estafa de la reciente historia del Estado español, al permitirse el comercio de viviendas ilegales.
La Sentencia del Tribunal Supremo ha puesto freno a la barbarie del ladrillazo madrileño, repartiendo responsabilidades entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y concentrándolas en la persona de Alberto Ruiz-Gallardón que era Presidente autonómico cuando se aprueba el Plan y es ahora Alcalde de la ciudad durante su ejecución. Y sin olvidar al anterior edil municipal, Álvarez del Manzano, bajo cuyo mandato se elaboró la revisión del Plan General, y a la actual Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que está dando cobertura a la trama inmobiliaria madrileña con una nueva ley que favorece aún más la especulación.
Al modelo urbanístico especulador del PP en Madrid le ha llegado su fin. El pasado 3 de julio una Sentencia del Tribunal Supremo, máximo órgano judicial del estado español, anulaba 22 desarrollos urbanísticos de la ciudad, entre los que se encuentran la Operación Campamento, Valdebebas, Los Ahijones, Los Cerros, Los Berrocales, Valdecarros, Arroyo del Fresno, y La Atalayuela, entre otros, por entender que la desclasificación del suelo protegido operada por la revisión del Plan General aprobada por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en 1997 no cumplía con la justificación exigida por la Ley del Suelo.
Esta Sentencia ratifica una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra la aprobación definitiva, por parte de la Comunidad de Madrid, de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Dicha sentencia, ratificada prácticamente en su totalidad por el Tribunal Supremo, considera que existía una “insuficiente motivación de la clasificación como suelos urbanizables y urbanos por el PGOUM de terrenos que tenían la clasificación de suelos no urbanizables de especial protección en el anterior Plan de 1985” así como que no se acreditaba debidamente que hubieran desaparecido las circunstancias determinantes de su protección”. La Sentencia, que como se ha dicho anteriormente, anula el planeamiento de los ámbitos afectados, es firme, no cabiendo recurso alguno contra ella, quedando de esta forma invalidadas todas las actuaciones de desarrollo del Plan General (aprobación de planes parciales, proyectos de urbanización, etc.) llevadas a cabo sobre dichos ámbitos con posterioridad a la aprobación del Plan General de 1997.
Con la llegada al poder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y, especialmente, al Ayuntamiento de la capital, se produjo un giro radical en la política urbanística en la región, modificando la filosofía basada en el desarrollo urbano sostenible, respetuoso con el medio ambiente como generador de vida, que hasta esa fecha ocupaba un lugar importante en la planificación del territorio, para pasar a un concepto de la acción pública urbanística en el que prima la actividad económica del mercado inmobiliario y el beneficio de las empresas promotoras privadas, relegando a un lugar secundario la calidad medioambiental de los entornos urbanos.
Durante las últimas décadas, las leyes del suelo y los planes urbanísticos aprobados por el PP han dejado patente que, en su criterio de política urbanística, el suelo es un producto más para hacer negocio y no el medio físico dónde los ciudadanos tienen la oportunidad de desarrollar en plenitud su vida de una forma sana y agradable. Para ello no han dudado durante este tiempo en invertir un proceso en el cual el medioambiente era un valor a preservar en beneficio de los habitantes de los municipios, para transformarlo en toda una maquinaría de generación de plusvalías y beneficios económicos, convirtiendo todo el suelo en urbanizable independientemente de su valor ecológico, ambiental, paisajístico o histórico, en beneficio de los intereses económicos de las grandes constructoras y promotores inmobiliarios.
El urbanismo depredador que esta sentencia desenmascara, ha generado un problema de una envergadura social incalculable y de consecuencias impredecibles, ya que ha permitido y fomentado la comercialización de cientos de miles de viviendas que se encuentran fuera de la legalidad, y por tanto amenazadas de posible demolición futura, lo que puede dejar a miles de jóvenes y familias en la calle y sin ahorros.
A la Administración Regional y Municipal madrileña sólo le queda un camino: Cumplir con la sentencia judicial e iniciar la elaboración de un nuevo Plan General de Urbanismo para los ámbitos que ahora se encuentran fuera de legalidad, que respete todo el suelo que estaba calificado como de especial protección en 1985. La Administración tiene un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia. El retraso e incumplimiento de sus obligaciones por parte de los responsables podría ser constitutiva de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Y lo más grave es que aumentarán los retrasos que ya se vienen acumulando, hasta la fecha, en la ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos, por las políticas de especulación del suelo de las dos últimas décadas. Dado que más tarde o más temprano la Sentencia deberá ser cumplida, podemos estar asistiendo a la mayor estafa de la reciente historia del Estado español, al permitirse el comercio de viviendas ilegales.
La Sentencia del Tribunal Supremo ha puesto freno a la barbarie del ladrillazo madrileño, repartiendo responsabilidades entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y concentrándolas en la persona de Alberto Ruiz-Gallardón que era Presidente autonómico cuando se aprueba el Plan y es ahora Alcalde de la ciudad durante su ejecución. Y sin olvidar al anterior edil municipal, Álvarez del Manzano, bajo cuyo mandato se elaboró la revisión del Plan General, y a la actual Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que está dando cobertura a la trama inmobiliaria madrileña con una nueva ley que favorece aún más la especulación.
domingo, 11 de noviembre de 2007
Bienvenidos a PAUS
Convencidos de que el actual modelo de desarrollo urbanístico que se expande por toda la geografía de nuestro país, basado fundamentalmente en la corrupción y la especulación, es una lacra social que:
- Atenta contra la calidad de vida de nuestros hábitats residenciales al favorecer el beneficio económico de los diferentes agentes de la edificación en detrimento del bienestar de los ciudadanos, generando desarrollos urbanos deficitarios en dotaciones y equipamientos públicos.
- Destruye el medio ambiente y los recursos naturales de todos al poner al servicio de la actividad inmobiliaria el patrimonio común de los ciudadanos, arrasando con zonas de importante valor ecológico, histórico, cultural, agropecuario y paisajístico.
- Promueve un modelo de sociedad individualista e insolidaria al configurar nuevos barrios donde la vida pública es simplemente imposible de ejercitar, aislando a los individuos que quedan atrapados en sus propios problemas de movilidad y accesibilidad a los servicios más básicos.
- Genera un desarrollo económico basado en la concentración de la riqueza y el aumento de las desigualdades sociales al convertir la especulación del suelo, al que sólo unos pocos tienen acceso, en motivo único o superior del proceso urbanizador, facilitando la apropiación de los bienes particulares de toda la población por parte de los grandes lobbies inmobiliarios.
- Agrava el problema de acceso a la vivienda, derecho constitucional, de los ciudadanos al encarecer día a día su precio en interés del beneficio privado de las empresas promotoras, constructoras y financieras, permitiendo un monopolio u oligopolio de hecho que favorece únicamente su lucro particular en perjuicio de una necesidad básica y pública.
- Mancilla en sí misma la legitimidad de nuestras instituciones públicas al pervertir el bien común con la compra-venta de voluntades particulares, convirtiendo a nuestros cargos y organismos institucionales en fieles siervos de un sistema dirigido por y para el especulador urbanístico.
la Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS) es un colectivo que surge como respuesta a este urbanismo salvaje y en favor de un desarrollo urbano verdaderamente democrático que recupere sus principios asentados en el bien común y el interés general mediante el fomento de la calidad de vida en los entornos residenciales, la satisfacción efectiva del derecho de acceso a una vivienda digna de todos los ciudadanos, el respeto escrupuloso al medio ambiente y los recursos naturales, así como al patrimonio histórico y cultural, la solidaridad entre ciudadanos y la vida pública, el disfrute equitativo de la riqueza que entre todos generamos y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de urbanismo y medio ambiente.
En esta línea, PAUS pretende alertar de los peligros que se derivan de las ilegalidades contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que es un fiel reflejo del modelo de desarrollo urbanístico del Partido Popular, insostenible, irracional y especulativo, y que ha sido invalidado, en aspectos sustanciales, por el Tribunal Supremo. Este urbanismo ilegal deja fuera de planeamiento unas 150.000 viviendas, lo que, de no ser corregido de inmediato, puede provocar una estafa de colosales dimensiones.
- Atenta contra la calidad de vida de nuestros hábitats residenciales al favorecer el beneficio económico de los diferentes agentes de la edificación en detrimento del bienestar de los ciudadanos, generando desarrollos urbanos deficitarios en dotaciones y equipamientos públicos.
- Destruye el medio ambiente y los recursos naturales de todos al poner al servicio de la actividad inmobiliaria el patrimonio común de los ciudadanos, arrasando con zonas de importante valor ecológico, histórico, cultural, agropecuario y paisajístico.
- Promueve un modelo de sociedad individualista e insolidaria al configurar nuevos barrios donde la vida pública es simplemente imposible de ejercitar, aislando a los individuos que quedan atrapados en sus propios problemas de movilidad y accesibilidad a los servicios más básicos.
- Genera un desarrollo económico basado en la concentración de la riqueza y el aumento de las desigualdades sociales al convertir la especulación del suelo, al que sólo unos pocos tienen acceso, en motivo único o superior del proceso urbanizador, facilitando la apropiación de los bienes particulares de toda la población por parte de los grandes lobbies inmobiliarios.
- Agrava el problema de acceso a la vivienda, derecho constitucional, de los ciudadanos al encarecer día a día su precio en interés del beneficio privado de las empresas promotoras, constructoras y financieras, permitiendo un monopolio u oligopolio de hecho que favorece únicamente su lucro particular en perjuicio de una necesidad básica y pública.
- Mancilla en sí misma la legitimidad de nuestras instituciones públicas al pervertir el bien común con la compra-venta de voluntades particulares, convirtiendo a nuestros cargos y organismos institucionales en fieles siervos de un sistema dirigido por y para el especulador urbanístico.
la Plataforma de Afectados por el Urbanismo Salvaje (PAUS) es un colectivo que surge como respuesta a este urbanismo salvaje y en favor de un desarrollo urbano verdaderamente democrático que recupere sus principios asentados en el bien común y el interés general mediante el fomento de la calidad de vida en los entornos residenciales, la satisfacción efectiva del derecho de acceso a una vivienda digna de todos los ciudadanos, el respeto escrupuloso al medio ambiente y los recursos naturales, así como al patrimonio histórico y cultural, la solidaridad entre ciudadanos y la vida pública, el disfrute equitativo de la riqueza que entre todos generamos y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de urbanismo y medio ambiente.
En esta línea, PAUS pretende alertar de los peligros que se derivan de las ilegalidades contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que es un fiel reflejo del modelo de desarrollo urbanístico del Partido Popular, insostenible, irracional y especulativo, y que ha sido invalidado, en aspectos sustanciales, por el Tribunal Supremo. Este urbanismo ilegal deja fuera de planeamiento unas 150.000 viviendas, lo que, de no ser corregido de inmediato, puede provocar una estafa de colosales dimensiones.
Por ello,
DENUNCIAMOS los retrasos provocados por la nefasta gestión de los responsables municipales y autonómicos que está ocasionando unos daños irreparables a los ciudadanos afectados.
ALERTAMOS de las negativas consecuencias que una planificación salvaje e ilegal puede acarrear a los vecinos presentes y futuros, no sólo en cuanto a su calidad de vida, sino en referencia a los problemas derivados de la comercialización de viviendas que se edificasen fuera de la legalidad.
EXIGIMOS el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de urbanismo y medio ambiente en los actuales y futuros desarrollos, como única solución válida y factible a este grave problema social al que se enfrenta la población madrileña.
DENUNCIAMOS los retrasos provocados por la nefasta gestión de los responsables municipales y autonómicos que está ocasionando unos daños irreparables a los ciudadanos afectados.
ALERTAMOS de las negativas consecuencias que una planificación salvaje e ilegal puede acarrear a los vecinos presentes y futuros, no sólo en cuanto a su calidad de vida, sino en referencia a los problemas derivados de la comercialización de viviendas que se edificasen fuera de la legalidad.
EXIGIMOS el cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de urbanismo y medio ambiente en los actuales y futuros desarrollos, como única solución válida y factible a este grave problema social al que se enfrenta la población madrileña.
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