Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo ha declarado nulos 22 desarrollos urbanísticos de la capital, lo cual supone la desautorización de la política urbanística salvaje, depredadora y especuladora del Partido Popular en la Comunidad de Madrid de las últimas décadas, y que afecta a la construcción de cerca de 150.000 viviendas que ahora quedan fuera de la legalidad.
Al modelo urbanístico especulador del PP en Madrid le ha llegado su fin. El pasado 3 de julio una Sentencia del Tribunal Supremo, máximo órgano judicial del estado español, anulaba 22 desarrollos urbanísticos de la ciudad, entre los que se encuentran la Operación Campamento, Valdebebas, Los Ahijones, Los Cerros, Los Berrocales, Valdecarros, Arroyo del Fresno, y La Atalayuela, entre otros, por entender que la desclasificación del suelo protegido operada por la revisión del Plan General aprobada por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en 1997 no cumplía con la justificación exigida por la Ley del Suelo.
Esta Sentencia ratifica una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra la aprobación definitiva, por parte de la Comunidad de Madrid, de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Dicha sentencia, ratificada prácticamente en su totalidad por el Tribunal Supremo, considera que existía una “insuficiente motivación de la clasificación como suelos urbanizables y urbanos por el PGOUM de terrenos que tenían la clasificación de suelos no urbanizables de especial protección en el anterior Plan de 1985” así como que no se acreditaba debidamente que hubieran desaparecido las circunstancias determinantes de su protección”. La Sentencia, que como se ha dicho anteriormente, anula el planeamiento de los ámbitos afectados, es firme, no cabiendo recurso alguno contra ella, quedando de esta forma invalidadas todas las actuaciones de desarrollo del Plan General (aprobación de planes parciales, proyectos de urbanización, etc.) llevadas a cabo sobre dichos ámbitos con posterioridad a la aprobación del Plan General de 1997.
Con la llegada al poder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y, especialmente, al Ayuntamiento de la capital, se produjo un giro radical en la política urbanística en la región, modificando la filosofía basada en el desarrollo urbano sostenible, respetuoso con el medio ambiente como generador de vida, que hasta esa fecha ocupaba un lugar importante en la planificación del territorio, para pasar a un concepto de la acción pública urbanística en el que prima la actividad económica del mercado inmobiliario y el beneficio de las empresas promotoras privadas, relegando a un lugar secundario la calidad medioambiental de los entornos urbanos.
Durante las últimas décadas, las leyes del suelo y los planes urbanísticos aprobados por el PP han dejado patente que, en su criterio de política urbanística, el suelo es un producto más para hacer negocio y no el medio físico dónde los ciudadanos tienen la oportunidad de desarrollar en plenitud su vida de una forma sana y agradable. Para ello no han dudado durante este tiempo en invertir un proceso en el cual el medioambiente era un valor a preservar en beneficio de los habitantes de los municipios, para transformarlo en toda una maquinaría de generación de plusvalías y beneficios económicos, convirtiendo todo el suelo en urbanizable independientemente de su valor ecológico, ambiental, paisajístico o histórico, en beneficio de los intereses económicos de las grandes constructoras y promotores inmobiliarios.
El urbanismo depredador que esta sentencia desenmascara, ha generado un problema de una envergadura social incalculable y de consecuencias impredecibles, ya que ha permitido y fomentado la comercialización de cientos de miles de viviendas que se encuentran fuera de la legalidad, y por tanto amenazadas de posible demolición futura, lo que puede dejar a miles de jóvenes y familias en la calle y sin ahorros.
A la Administración Regional y Municipal madrileña sólo le queda un camino: Cumplir con la sentencia judicial e iniciar la elaboración de un nuevo Plan General de Urbanismo para los ámbitos que ahora se encuentran fuera de legalidad, que respete todo el suelo que estaba calificado como de especial protección en 1985. La Administración tiene un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia. El retraso e incumplimiento de sus obligaciones por parte de los responsables podría ser constitutiva de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Y lo más grave es que aumentarán los retrasos que ya se vienen acumulando, hasta la fecha, en la ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos, por las políticas de especulación del suelo de las dos últimas décadas. Dado que más tarde o más temprano la Sentencia deberá ser cumplida, podemos estar asistiendo a la mayor estafa de la reciente historia del Estado español, al permitirse el comercio de viviendas ilegales.
La Sentencia del Tribunal Supremo ha puesto freno a la barbarie del ladrillazo madrileño, repartiendo responsabilidades entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y concentrándolas en la persona de Alberto Ruiz-Gallardón que era Presidente autonómico cuando se aprueba el Plan y es ahora Alcalde de la ciudad durante su ejecución. Y sin olvidar al anterior edil municipal, Álvarez del Manzano, bajo cuyo mandato se elaboró la revisión del Plan General, y a la actual Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que está dando cobertura a la trama inmobiliaria madrileña con una nueva ley que favorece aún más la especulación.
